Supuestamente está escolarizado en su lengua materna, el castellano, aunque acude a una clase en la que el profesor habla catalán. Su padre sólo ha conseguido que, tras la lección, el niño reciba una atención personalizada en castellano, un pequeño resumen de lo que antes se ha explicado al conjunto y que el pequeño tampoco ha podido seguir en un libro de texto en castellano. Porque ese manual no existe. Y ahí empieza una nueva odisea para el padre, que decidió pedir amparo al Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Pero no lo ha conseguido.
Según el Síndic, en Cataluña, un padre puede conseguir que su hijo reciba la educación en castellano hasta los ocho años si ésta es su lengua materna, pero no hay una ley o normativa que pueda garantizarle los libros de texto en versión castellana que utiliza el resto de la clase, con lo que tampoco se puede obligar a la Generalitat a que los comercialice.
Esta es la respuesta del Síndic a Eduardo L., un padre de Barcelona, cuyo hijo acude a una escuela concertada de la ciudad donde las clases se imparten en catalán. Y, aunque ha logrado que su hijo reciba un trato personalizado en castellano, no tiene libros en este idioma compatibles con los del resto de la clase.
Tras una cruzada contra la Generalitat que ha durado más de un año, el Defensor del Pueblo catalán le remitió una carta, el 30 de octubre de 2008, en la que afirma que, aunque el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, y aún existiendo el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -que marca la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística- la normativa «no establece los medios para hacerla efectiva (como obligar a las editoriales a disponer de una traducción al castellano del material didáctico) y por tanto el hecho de concretarlos forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración, sin que se le pueda imponer una manera determinada de hacerlo». Dicho esto, anuncia que no existe una actuación «irregular» y concluye su intervención.
Eduardo tiene tres hijos. Uno de ellos comenzó a estudiar primero de Primaria en 2007 en un colegio de Barcelona, cuyo nombre prefiere proteger «porque la dirección está haciendo muchos esfuerzos por mis hijos». Debido a la edad del niño, la ley le permite recibir las clases en su lengua materna -en su caso, el castellano-, y el padre concertó con el colegio que así fuera. La sorpresa llegó cuando Eduardo vio que no había libros en castellano cuyos contenidos se correspondieran con los de sus compañeros. «Y así resulta imposible seguir una clase», afirma.
Ante la situación, Eduardo acudió al Síndic de Greuges para denunciar su caso y buscar ayuda. En su carta, enviada en junio de 2008, el padre se quejaba de que «los libros de texto de las asignaturas de matemáticas, conocimiento del medio y destrezas básicas, que deberían ser impartidas 'con atención personalizada en castellano', sólo tienen versiones en catalán, o bien las versiones en castellano son completamente distintas, por lo que resulta imposible que mi hijo pueda seguir la clase con un libro en castellano».
Argumentaba, también, que «al inicio de curso, tras un mes de consultas a diferentes editoriales», se vio obligado «a comprar los libros en catalán para que al menos -su hijo- tuviera algún material que poder seguir». Añadió que «durante el curso, las fichas que ha recibido mi hijo en clase también han sido exclusivamente en catalán por el mismo motivo». Se puso en contacto con la inspectora del centro, quien dijo que el tema era «preocupante» y que lo trasladaría «a instancias superiores».
El curso fue trascurriendo, pero sin soluciones y sin respuestas del Departament d'Educació -al que también se dirigió- ni del Síndic de Greuges. En su carta al Síndic especificaba que «esta falta de material didáctico en castellano ha dificultado notablemente a los profesores el poder darle a mi hijo ese trato personalizado al que tiene derecho por ley», y critica que «de nada sirve que en teoría exista ese mínimo y ya de por sí restringido derecho a la enseñanza en lengua materna (y cooficial) sólo hasta los ocho años, si después no existen medios para poder ejercerlo». Citando la Ley de Política Lingüística, Eduardo terminaba su misiva recordando que «la Generalitat debe poner los medios para que se pueda ejercer ese derecho a la enseñanza en la lengua materna y cooficial», y solicitó que el Departament d'Educació «dé las instrucciones pertienentes a todas las editoriales» para que dispongan de versiones en castellano de sus libros de texto y material escolar infantil, primero y segundo de Primaria, «y así poder ejercer el derecho a la enseñanza en lengua castellana, cooficial en Cataluña y materna de alrededor el 50% de su población».
Pero no hubo respuesta, y en junio de 2008, ya acabado el curso, el padre recibió la lista de reservas de libros de cara al nuevo curso -segundo de Primaria- «y nuevamente los libros son en catalán», volvió a escribir al Síndic el 14 de octubre de 2008, por lo que temía una repetición del problema. Por entonces, ya había comprado los libros en catalán que el colegio le «recomendó».
En su segunda carta al Defensor hacía constar que «mi hija pequeña está cursando P-5; es decir, el año que viene hará primero de Primaria, por lo que nos encontraremos nuevamente con el mismo problema».
Finalmente, el 30 de octubre Eduardo recibió la carta del Síndic. En ella, Ribó admitía que Eduardo «siempre ha manifestado comprensión por lo que se refiere a la dificultad que comporta para el centro la individualización de la enseñanza en castellano, a la vez que ha reconocido que los profesores y la dirección ponen todos los medios».
Estos consistían, recordaba el Defensor, en que a la niña que cursaba P-4 «se le proporcionó material de la editorial SM en castellano», y en lo que se refiere al aprendizaje de lecto-escritura, «la tutora se encargó de adaptar al castellano el método propio de la escuela». En el caso del niño que cursaba primero de Primaria, «se le facilitó el texto de religión de la editorial SM en castellano y respecto de los textos de Medio Natural y Matemáticas de la editorial Cruïlla (en catalán) la maestra realizaba un resumen en castellano y recibía una hora de apoyo semanal en el aula».
El Síndic recordó, también, que «ustedes, como progenitores, optaron por adquirir los libros en catalán dado que los libros de las materias antes citadas de la editorial SM y que están en castellano tenían un contenido diferente del de la línea catalana (editorial Cruïlla)»; y que «para el curso actual, Educación expone que la escuela ha reforzado las horas de apoyo».
La inspección del centro admite que «el tema es preocupante»
Cuando Eduardo L. comenzó a ponerse en contacto con el Síndic de Greuges y el Departament d'Educació de la Generalitat para pedir ayuda para solucionar el problema que sufría su hijo, también contactó con la inspectora del colegio, perteneciente a la red de centros de la Generalitat. La profesional le remitió un escrito en el que hacía constar que «el tema que exponen es preocupante; ya me lo había comentado el director de primaria de la escuela».
En vista a su respuesta, en la segunda carta que el padre remitió al Defensor del Pueblo catalán, tras conocer el archivo de su intervención sobre este caso, el padre criticaba que «a la inspectora este tema le parece preocupante y sin embargo a usted le parece normal, no le preocupa lo más mínimo y niega a los que hemos pedido la enseñanza en castellano el poder disponer de libros y material escolar en esa lengua».
Replica, además, la carta del Síndic afirmando que su hijo «no recibía ninguna hora de apoyo semanal extra»; «no se nos facilitó el libro de Religión en castellano porque lo tuvimos que comprar por nuestra cuenta fuera de Cataluña», y que «no optamos a comprar el de Medio Natural y Matemáticas en catalán», sosteniendo que «nos vimos forzados a comprarlo en catalán para que al menos nuestro hijo tuviera algo», hecho que asegura Eduardo L. ha tenido que volver a hacer este curso.
